Los vac铆os legales de protecci贸n y reconocimiento para la comunidad LGBT+ que hay en Bandos y Reglamentos de Polic铆a Municipal, as铆 como el prejuicio cultural; permite a polic铆as locales asumir que la Diversidad Sexual es una falta administrativa que no s贸lo juzgan, sino tambi茅n castigan de manera arbitraria generando con ello un escenario preocupante de impunidad y violaci贸n de derechos humanos.

Imagen: Cultura Colectiva

1. Criminalizar a la Diversidad

鈥淏茅sense entre ustedes para que las soltemos鈥 es la frase que polic铆as municipales le dijeron a Andrea y su novia mientras estaban al interior de la patrulla y despu茅s de haber sido privadas de su libertad durante 10 minutos en el veh铆culo oficial recorriendo calles de Quer茅taro sin un destino fijo. El miedo y la impotencia obligaron a la pareja de j贸venes aceptar la propuesta de los uniformados. Y s贸lo para entonces fueron liberadas.

Eran las 9 de la ma帽ana. Andrea se hab铆a citado con Marcela en el Parque Alameda Norte. Platicaron, fumaron. Se abrazaban de vez en vez y cada tanto le robaba un beso la una a la otra. De pronto, arribaron polic铆as municipales (2 hombres y una mujer) al lugar donde ellas estaban y sin darles mayor explicaci贸n catearon sus mochilas y bolsas de los pantalones. Les preguntaron sobre su ocupaci贸n y domicilio pero lo que llam贸 la atenci贸n de las muchachas fue la insistencia con la que cuestionaban el tipo de relaci贸n afectiva que hab铆a entre ellas:

- 驴Son amigas o algo m谩s?

Sin encontrar evidencia de alg煤n tipo de il铆cito durante la revisi贸n decidieron entonces subirlas a la patrulla para ir a dar 鈥渦n paseo鈥.

La tambi茅n dise帽adora gr谩fica sospecha que fueron los vecinos quienes llamaron a la polic铆a pues desde su llegada al parque sinti贸 el acoso de quienes se asomaban por las ventanas de su casa para observarlas, adem谩s reconoci贸 que este tipo de persecuciones por parte de polic铆as hacia parejas del mismo sexo que manifiestan su afecto en p煤blico lo atribuye a que en Quer茅taro habita sociedad muy conservadora.

Andrea no se neg贸 a compartir su experiencia de criminalizaci贸n policial por motivo de su preferencia sexual ante el temor de represalias por parte de grupos de derecha locales o de la misma autoridad, tal como s铆 ocurri贸 con otras v铆ctimas consultadas para este reportaje y que argumentaron su negativa de participar pues no deseaban ser identificadas por sus cohabitantes, ya que en el 谩mbito municipal las personas se reconocen entre s铆 con mayor facilidad debido a una densidad poblacional menor a la que ocurre en las grandes ciudades.

Desde el 2008 la plataforma en l铆nea Visible.lgbt ha registrado denuncias de hechos sobre violencia y discriminaci贸n cometidos en contra de la poblaci贸n L茅sbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transg茅nero, Travesti e Intersexual, LGBTTTI; y casi el 15 por ciento de estos incidentes de agresiones los realizaron servidores p煤blicos en diferentes municipios de todo el pa铆s.

Y es que la falta de un marco normativo de protecci贸n y reconocimiento para poblaci贸n diversa a nivel municipal -que fueron creados con base en 鈥減osturas conservadoras y casi coloniales鈥-, una capacitaci贸n deficiente de las fuerzas de seguridad locales, as铆 como la LGBTfobia arraigada y sist茅mica; son el conjunto de elementos por los cuales la mayor铆a de las polic铆as municipales asumen a la preferencia sexual, a la identidad de g茅nero, as铆 como a la expresi贸n de g茅nero -diferentes a la heteronorma-; como una falta administrativa la cual juzgan y castigan de manera arbitraria e impune, destac贸 el abogado Jonathan L贸pez de la Rosa.

鈥淗emos observado que en Baja California los polic铆as municipales te pueden inventar faltas administrativas tales como 鈥渆scandalizar en la v铆a p煤blica鈥 por ser LGBT+ y usan ese pretexto para extorsionar, principalmente a las mujeres trans, con la amenaza de llevarlas a las estancias municipales de infractores o los separos de las comandancias鈥 explic贸 el tambi茅n defensor de derechos humanos.

No existen cifras para dimensionar este tipo de violaciones a los derechos humanos debido a que las v铆ctimas no denuncian por miedo al estigma, a la represalia y a la discriminaci贸n no s贸lo de la autoridad, sino tambi茅n de la propia familia y del entorno social, destac贸 el tambi茅n litigante.

Por lo anterior, L贸pez de la Rosa explic贸 que incluso los y las j贸venes de la diversidad en la ciudad de Tijuana han tenido que organizarse para salir en grupo despu茅s de haber asistido a alg煤n bar, club o actividad de diversi贸n nocturna por el temor de la persecuci贸n policial que normalmente se traduce en acoso, violencia verbal, agresiones f铆sicas, siembra de droga, entre otras.

El activista Jonathan L贸pez de la Rosa advirti贸 que 鈥渓as redes sociales pueden funcionar como foros de denuncia para evidenciar a las polic铆as, como pas贸 en Quintana Roo con las dos parejas gay que fueron detenidas por darse un beso en la calle, pero estos casos son s贸lo la punta del iceberg y deber铆a ser motivo de preocupaci贸n por la aquellos que se desconocen pues son un foco rojo y la impunidad en todo el pa铆s podr铆a ser alt铆sima鈥.

En la regi贸n del Baj铆o la persecuci贸n presenta un matiz diferente y as铆 lo narra la activista de la agrupaci贸n Colectiva Luna Celaya, Vany Vargas; pues reconoce que en el contexto migrante la poblaci贸n diversa, durante su paso por el territorio mexicano hacia la frontera norte, llega a experimentar violaciones a sus derechos por parte de elementos policiales municipales siendo las agresiones sexuales as铆 como el robo de sus pertenencias las m谩s comunes.

La promotora de derechos humanos explic贸 que esta situaci贸n victimiza doblemente a este nicho social, pues adicional de experimentar las penurias propias del 茅xodo hacia el sue帽o americano, tambi茅n deben enfrentar las agresiones y el acoso de los vigilantes del orden. Denunciar imposible, estad铆sticas menos: su estatus de ilegal los priva del respaldo de la ley.

Les expertes consultades para este ejercicio period铆stico tanto del Estado de M茅xico, Guanajuato y Baja California; coincidieron en que de manera general el actuar de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos llega a ser deficiente o nulo, quedando el trabajo de acompa帽amiento para las v铆ctimas o el seguimiento de las denuncias en manos de las organizaciones civiles a nivel local, nacional e internacional.

II. Veracruz y Guanajuato en el limbo legal de la protecci贸n

La Constituci贸n Pol铆tica de los Estados Unidos Mexicanos a trav茅s de los art铆culos 21 y 115 otorga facultades a los municipios para que 茅stos aprueben Bandos o Reglamentos de Polic铆a a fin de 鈥渟alvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, as铆 como contribuir a la generaci贸n y preservaci贸n del orden p煤blico y la paz social鈥.

El abogado Jonathan L贸pez de la Rosa explic贸 que los tambi茅n llamados Bandos de Polic铆a y Buen Gobierno representan el primer contacto entre la ciudadan铆a y la autoridad policial, por lo tanto tendr铆an que revisarse y actualizarse de manera constante, 鈥渄eben ser un instrumento armonizado para darle mayor cobertura a la protecci贸n de derechos humanos鈥.

Para efectos de conocer la literatura legal a nivel municipal respecto a c贸mo asumen la inclusi贸n de poblaci贸n LGBT+ se revis贸 -a manera de muestra- los Reglamentos de 110 municipios que conforman a los 2 mil 469 que existen en M茅xico seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a, INEGI.

As铆 mismo, los ordenamientos legales consultados para este an谩lisis pertenecen a municipios que se encuentran tanto en Veracruz, la entidad con m谩s asesinatos por LGBT+fobia en M茅xico seg煤n el Observatorio Nacional de Cr铆menes de Odio en 2021; as铆 como de Guanajuato que no incluye en su c贸digo penal estatal referencias de protecci贸n a la comunidad diversa. Adem谩s, ambos estados forman parte del rankig de las 10 demarcaciones m谩s homof贸bicas en el pa铆s (Encuesta Nacional sobre Discriminaci贸n, ENADIS, 2017).

En este sentido, del universo de 110 Bandos verificados se encontr贸 que s贸lo 20 protegen y reconocen a la poblaci贸n en tanto su Orientaci贸n o Preferencia Sexual y 煤nicamente 4 municipios lo hacen por lo que respecta a la Identidad de G茅nero de sus habitantes; de tal forma son 81 municipios, es decir, el 73.6 por ciento restante no consideran a la poblaci贸n LGBT+ en su radar legal.

Para el experto en leyes L贸pez de la Rosa este fen贸meno de invisibilizaci贸n es deplorable y lamentable, especialmente para las mujeres trans quienes son un sector considerablemente vulnerable respecto al proceder de la polic铆a municipal hacia ellas. Y es que adicional a la violencia que experimentan, tambi茅n deben atenderse derechos de reconocimiento de manera urgente en el aparto legal, no s贸lo municipal sino de todo el pa铆s, como por ejemplo el respeto a la identidad que ellos y ellas elijen.

Este diagn贸stico tambi茅n encontr贸 que el 89 por ciento de los Bandos, es decir 98 de los 110 textos, instruyen a la polic铆a a que vigilen el cumplimiento de las normas del respeto a la moral y/o las buenas costumbres y/o de los valores tradicionales de la familia; a lo cual, el abogado alert贸 que con este tipo de disposiciones existe la posibilidad de una criminalizaci贸n intr铆nseca en el actuar de los polic铆as municipales porque la interpretaci贸n de estas disposiciones se aplican desde una perspectiva subjetiva de quienes observan el orden p煤blico.

El activista explic贸 que estas disposiciones llegan a ser tendenciosas o ambiguas como por ejemplo la fracci贸n d茅cima del art铆culo 101 del Bando de Polic铆a y Buen Gobierno del Municipio de Coahuitl谩n, Veracruz; que sanciona 鈥渁sumir en la v铆a p煤blica actitudes que atenten contra el orden p煤blico y que sean consideradas por la mayor铆a de la poblaci贸n como obscenas鈥; o tambi茅n como el art铆culo 46 del reglamento de la localidad de San Juan Evangelista que se帽ala como faltas e infracciones aquellas acciones u omisiones 鈥渜ue atentan negativamente contra la integridad moral del individuo y la familia鈥.

Por otro lado, 7 de 110 municipios consultados no cuentan con Bando o Reglamento de Polic铆a, y aunque son los menos, el defensor de derechos humanos alert贸 que debe haber una regulaci贸n que vigile la protecci贸n a los derechos humanos en todos los municipios ya que no s贸lo se pone en riego la protecci贸n de garant铆as a la poblaci贸n LGBT+ por parte de polic铆as, ciudadanos y/o servidores p煤blicos, sino tambi茅n la de poblaci贸n altamente vulnerables como es el caso de las mujeres.


Sin un marco legal inclusivo a nivel municipal otro tipo de violencia contra la comunidad LGBT+ podr铆a empeorar tambi茅n, tal es el caso de la discriminaci贸n laboral, acceso a la salud o el crimen de odio, su persecuci贸n y castigo. Adem谩s, aunque la mayor铆a de los Bandos dicen sujetarse a lo establecido en la Constituci贸n Federal, Local, Tratados Internacionales as铆 como a las leyes federales y estatales aplicables, los reglamentos municipales deben considerar a la diversidad en su literatura pues como se帽ala la locuci贸n latina jur铆dica Permittiur quod non prohibetury (se presume permitido lo que no est谩 prohibido), explic贸 L贸pez de la Rosa.

Imagen: Cultura Colectiva

III. En riesgo municipios mayormente rurales

Hasta hace no m谩s de 2 a帽os tomarse de la mano o darse un beso en alguna plaza o parque de Metepec, Estado de M茅xico; hubiera sido motivo para que la fuerza policial local arremetiera en contra de parejas LGBTTTI. J贸venes y mujeres trans eran las v铆ctimas de esta criminalizaci贸n siendo las 鈥渇altas a la moral鈥 el argumento que la autoridad utilizaba para aprehenderles. Esta persecuci贸n policiaca es muy probable que a煤n exista sobre todo en municipios mayormente rurales, as铆 lo reconoce Ernesto Montes de Oca, activista y secretario de la agrupaci贸n Fuera del Cl贸set, A. C.

La forma en que operaban los polic铆as para perseguir a poblaci贸n diversa, rememor贸 Montes de Oca; consist铆a en que los elementos de seguridad p煤blica abordaban a las v铆ctimas durante los cambios de turno de la jornada de vigilancia, pues entre una ronda y otra hab铆a un espacio de tiempo 鈥渕uerto鈥 y era ese el momento cuando realizaban el acoso, haciendo as铆 invisible su actuaci贸n en sus propios registros para no ser identificados.

鈥淕eneralmente extorsionaban a las personas muy j贸venes con la amenaza de delatarlos con su familia porque sab铆an que eran de cl贸set y en el caso de las mujeres trans hasta las acusaban de prostituirse cuando en realidad no se dedicaban a eso鈥, dijo Ernesto.

El defensor de derechos humanos compar贸 este asedio policiaco a las denominadas razias que existieron en la d茅cada de los a帽os 70 del siglo pasado. Adem谩s, su agrupaci贸n recibi贸 reportes de que tambi茅n ocurr铆an en Toluca, Cuautitl谩n, Naucalpan, Ecatepec y Chalco; aunque recientemente no han recibido denuncias de este tipo en contra de la poblaci贸n LGBT+, no descarta que este fen贸meno vuelva a ocurrir.

Al margen de que los Bandos de Polic铆a del pa铆s deber铆a ordenar la capacitaci贸n tanto de polic铆as como de servidores p煤blicos de toda la administraci贸n municipal en torno al respeto a derechos de poblaci贸n LGBTTTI, de cambiar conceptos en la literatura legal que podr铆an ser criminalizantes como el de 鈥渇altas a la moral鈥, as铆 como de crear unidades de atenci贸n a la diversidad; tambi茅n es necesario hacer vinculantes las recomendaciones que emiten las Defensor铆as Municipales o las Comisiones de Derechos Humanos Locales y sobre todo evitar que los liderazgos de estas instituciones sean designadas por la autoridad ejecutiva de la demarcaci贸n pues la mayor铆a de las veces representan el inter茅s pol铆tico y no el social, explic贸 el activista mexiquense.

Por su parte, el abogado Jonathan L贸pez de la Rosa sugiri贸 que las polic铆as municipales deber铆an portar video c谩maras para asegurar transparencia en sus capturas y tambi茅n hace un llamado para que el avance en leyes y acuerdos firmados a nivel nacional e internacional sobre protecci贸n y reconocimiento LGBT+ tenga resonancia en la pol铆tica p煤blica municipal.

En lo que respecta a las v铆ctimas el activista Ernesto Montes de Oca sugiere que podr铆an recurrir a las redes sociales para mediatizar la problem谩tica y ejercer cierta presi贸n en caso de estar frente a alg煤n tipo de acoso por su condici贸n diversa, aunque tambi茅n es importante tratar de denunciar y tener la informaci贸n necesaria para ello como el n煤mero de patrulla o nombre del oficial que pretenda criminalizarle.

Por lo que respecta a la iniciativa del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a partidos pol铆ticos la inclusi贸n de candidaturas LGBT+ y de c贸mo este hecho podr铆a favorecer el cumplimiento de acciones afirmativas para la diversidad en el foro municipal, Montes de Oca argument贸 que es hasta cierto punto un gran avance pero no suficiente pues es necesario incluso capacitar con perspectiva de derechos humanos a la misma poblaci贸n diversa que llega a asumir cargos p煤blicos.

El defensor de derechos humanos destac贸 que otro reto para fortalecer la protecci贸n a la diversidad en el 谩mbito municipal con respecto a este tipo de designaciones de participaci贸n democr谩tica del INE ser铆a el de incrementarlas y auditarlas, ya que representan s贸lo el 1.42 por ciento de todas las propuestas a nivel nacional; adem谩s, este margen -ya de por s铆 reducido- puede mermar a煤n m谩s pues ha habido casos de pol铆ticos que mienten a la autoridad electoral respecto a su preferencia sexual o identidad de g茅nero con tal de cumplir el requisito del partido pol铆tico.

Por: Gerardo S谩nchez Guadarrama

Con informaci贸n de: Aristegui Online y Cultura Colectiva News